Malas mañas se mueven por debajito en las instituciones

Cortesía: Globovisión

Lo engorroso de los trámites, las largas colas que se deben hacer para obtener el documento y la poca disponibilidad de tiempo de las personas hacen que las transacciones entre naturales y gestores se repitan todos los días.


Desde la inscripción en el Servicio Militar hasta el registro de títulos universitarios y la certificación de vehículos, existen malas mañas. Personas que lo hacen todo por la parte interesada; algunas de manera lícita (quienes no tienen ningún tipo de restricciones en la ley) y otras a través de contactos con funcionarios de las instituciones (Ver infografía) Y también los empleados públicos que, utilizando su investidura, “matan tigres” en sus puestos de trabajo.

Estos últimos están penados por la Ley contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial el 7 de marzo de 2003. Uno de los cinco artículos que condena a los trabajadores de las instancias públicas o del gobierno, es el número 60, el cual reza que todo funcionario que abusando de sus funciones “constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida” será penado con prisión de dos a seis años y multa de hasta el cincuenta por ciento del valor de la cosa dada o prometida.

Como el anterior, también establece sanciones el 61, 62, 70, 71 y 72 de esa legislación. Sin embargo, los funcionarios no son los únicos tipificados en la ley. “Cualquier persona que por sí misma o mediante persona interpuesta se procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la administración pública, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de hasta el cincuenta por ciento de la utilidad procurada”. Así lo establece el artículo 72 de la Ley anticorrupción.

Se excluyen en ese artículo aquellos casos expresamente tipificados, como el de los abogados o asesores jurídicos y los gestores que con autorización previa, realicen trámites para terceros.

Caso a caso

Para realizar la solicitud de pasaporte, primero hay que hacer el trámite por Internet y luego asistir a la cita en la fecha que la suerte del sistema lo asigne. Hasta ese punto el trámite es sencillo y sólo se necesita de la disposición del interesado para realizar la diligencia. El proceso en internet es facilísimo. Nada del otro mundo.

Luego de asistir a la cita, la entrega del documento se demora 2, 3 y hasta 4 meses, según comentaron los entrevistados encolados en una sede del Saime en Caracas. Es en ese momento en el que aparece la oferta del gestor, aunque existe también quien hace todo el proceso en “tiempo récord”: desde imprimir la planilla hasta llevar el pasaporte a la puerta de la casa del solicitante.

“Me dijo que me entregaba el pasaporte en tres días, y yo estaba urgida de verdad. Según él (el gestor) tenía contactos adentro que mueven eso rápido”, dice una de las personas que acude a los servicios de los gestores con “aliados” dentro de las instituciones públicas. Esos que tienen sus “palancas”: amigos o conocidos que agilizan el trámite al mismo tiempo que reciben un beneficio económico. El precio por este “favor” le costaría 10 mil bolívares a esta mujer. Ella desistió pues lo considera “una estafa”. Ahora se encuentra sentada en la puerta del Saime esperando que abra sus puertas para retirar el documento.

En una institución del municipio Sucre, en Caracas, donde se realiza la inscripción del Servicio Militar, también se hallaron malamañosos. La cola a las 5 de la mañana ya suma a 15 personas arropadas por el frío. La oficina abre a las 8 a.m. pero sólo atienden a 30 personas por día. Entonces la gente tiene que madrugar para poder obtener el documento. A las 6:30 a.m. ya la cola tiene a 34 personas de pie, otras sentadas, casi dormidas, ya no con tanto frio. Los últimos 4 fueron rebotados a las ocho. “Venga la próxima semana”, les dijo la que atiende.

A Raúl (nombre ficticio), número 32 de la fila le cantaron una oferta cuando ya casi se retiraba, comenta el joven de 26 años. El portero fue el intermediario. “Te explico cómo es la cosa. Me dejas el número de cédula y las dos fotos y te vienes en la tarde a buscar el papel”, escuchó la oferta del portero cincuentón.

El “chanchullo” cuesta 400 bolívares. Por la vía ordinaria, para realizar el trámite los requisitos son: partida de nacimiento, RIF o recibo de luz, fotocopia de la cédula ampliada y dos fotos tipo carnet. Ahora el trámite se reduciría a entregar las dos fotos y, eso sí, los 400 bolívares.

“Te vienes disimulado”, le advirtió el portero, a quien asegura Raúl, le toca una parte de “la vacuna” que debía pagar. El joven accedió porque necesitaba el documento para ese mismo día.

En la sede del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Inttt) en Caracas, la cola para sacar la licencia para conducir por primera vez sale a la calle. Ahí, la hilera se extiende lejos. Algunos de pie y otros sentados. El sol achicharra y malhumora, eso se nota en los rostros. Quizás por eso haya tantos chanchullos para solicitar la licencia, los certificados y las placas de los vehículos. Los trámites son lentos y necesitan de uno o varios días para realizarlos.

Hace un año, un señor que se encuentra ahora en la cola para renovar la licencia tuvo que pagar Bs. 10 mil para obtener el carnet de circulación de su vehículo. “Ese papeleo es muy tedioso. Tengo un conocido que se mueve adentro (en el Inttt) y saca eso en menos de tres días. Eso sí, él también se baja de la mula allá adentro”, dice. Para él, es mejor “bajarse de la mula” con una suma de dinero que calarse la cola y las “malas caras” de los funcionarios. Cree que la misma diligencia podría estar costando unos 20 mil bolívares en la actualidad. “Y la gente los paga, ni te imaginas el realero que se mete ese señor”, resalta.

Otro de los trámites que se presta para afianzar la corrupción en esa institución es la prueba de manejo para obtener la licencia de conducir. Al menos cuatro personas consultadas pagaron a los funcionarios para evadir este paso. Tres de ellas pagaron el trámite completo y la licencia les llegó directamente a las puertas de sus casas. “El inspector de tránsito hace eso con todo el mundo. Es corrupto pero lo niega. Dice que está haciendo un favorcito”, comenta uno de los ahora conductores con “licencia comprada”.

Los que se benefician de las malas mañas de los gestores ilegales y funcionarios de las instituciones se quejan porque existe corrupción, pero por cualquier trámite acuden a ellos y, de esa manera, apoyan la “sinvergüenzura”.

En agosto de 2013, el presidente Nicolás Maduro expresó estar cada vez más convencido del deber de construir “una nueva ética política que supere la perversidad del poder desde el capitalismo”.

Los legales cobran carísimo

“¡EPA, ES CON USTED!... cédulas catastrales, solvencias de derecho de frente y otras, cualquier documento para registros mercantiles, subalternos y civiles, RIF y otros asuntos que requieras en las oficinas públicas de toda Caracas te la tramito con rapidez…”.

Así de completo luce el anuncio de este gestor en Internet. Se autodefine: “serio, legal y profesional”. Desde 1500 hasta 10 mil bolívares podría costar cualquiera de esos trámites. Al gestor se le tiene que autorizar a través de un documento para realizar la diligencia. Pareciera a simple vista que sí es legal.

Como él, una gestora que se encarga de realizar trámites ante el Ministerio de Educación Superior en Caracas, realizan sus trabajos comerciales de manera lícita. La señora se despierta bien temprano y se va a la sede del ministerio a eso de las 5:00 a.m, comenta. Allí espera treinta minutos en la cola. Ingresa al edificio y comienza a realizar el trámite (la mayoría de las veces registra títulos). Todo lo hace por quien no quiso hacerlo de manera gratuita, o quien no quiso realizar el viacrucis que se debe emprender para registrar el título universitario.

Todo lo que hace (saca las copias, sube y baja escaleras) cuesta 8 mil bolívares. Esa es su fuente de ingresos y asegura que le va muy bien. “El venezolano es muy flojo y prefiere pagarle a uno para que le haga todo, aunque si lo hacen ellos les saldría gratis”, comenta la gestora.

JORGE AGOBIAN | @jorgeagobian